Especialistas urgen destinar ocho por ciento del PIB a educación en México
Tras los resultados de PISA 2025, expertos señalan la necesidad de incrementar el presupuesto educativo para revertir el rezago académico en el país.
Especialistas en políticas públicas y académicos han señalado esta semana la urgencia de elevar el gasto educativo en México hasta alcanzar al menos el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este llamado surge tras la reciente publicación de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 por parte de la OCDE, los cuales han generado preocupación sobre el nivel de competencias básicas en los alumnos mexicanos.
El análisis de los resultados muestra una tendencia a la baja en áreas fundamentales como matemáticas y comprensión lectora. Ante este escenario, diversos sectores educativos han propuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cámara de Diputados prioricen una reasignación presupuestaria significativa en el próximo ejercicio fiscal, argumentando que la inversión actual es insuficiente para cerrar las brechas de aprendizaje existentes en las distintas regiones del país.
Fuentes cercanas al sector educativo indicaron que, aunque se han implementado diversos programas de becas y apoyos sociales, la infraestructura escolar y la capacitación docente requieren un fortalecimiento integral. La propuesta de elevar el gasto al ocho por ciento del PIB busca, según los especialistas, garantizar que los recursos lleguen directamente a la mejora de la calidad educativa, la modernización de planteles y el desarrollo de habilidades tecnológicas necesarias para el mercado laboral actual.
Por su parte, el equipo de seguimiento académico ha enfatizado que el incremento en los recursos debe ir acompañado de un plan estratégico de rendición de cuentas. Se busca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coordine esfuerzos para que cada peso invertido se traduzca en una mejora medible en las pruebas nacionales e internacionales, evitando la dispersión de fondos y enfocándose en las zonas con mayores índices de vulnerabilidad social.
Finalmente, el debate en el Congreso de la Unión sobre el presupuesto para el siguiente año se perfila como un punto crítico para la administración actual. La presión social por mejores resultados educativos ha puesto el tema en el centro de la agenda pública, obligando a los legisladores a considerar alternativas para financiar esta demanda sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
