Especialistas urgen elevar inversión educativa al ocho por ciento del PIB

Especialistas en pedagogía y política pública advirtieron este viernes que el sistema educativo mexicano enfrenta una crisis estructural que requiere una inversión mínima del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este posicionamiento surge a raíz de la publicación de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 por parte de la OCDE, donde el rendimiento académico en áreas fundamentales mostró indicadores preocupantes para el desarrollo nacional.

El análisis técnico sostiene que los niveles actuales de asignación presupuestal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) resultan insuficientes para cerrar las brechas de aprendizaje identificadas en los últimos años. Según las proyecciones discutidas por académicos, el incremento en el gasto debe enfocarse no solo en infraestructura básica, sino en la actualización de modelos pedagógicos y la formación continua del magisterio en todo el país.

Desde el ámbito legislativo, sectores de la oposición han propuesto integrar esta meta presupuestal en el próximo Paquete Económico para asegurar su viabilidad financiera. La propuesta busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) priorice la educación en la distribución de recursos, argumentando que la competitividad de México en el mercado laboral global depende directamente de la calidad de su capital humano.

Por su parte, diversos colectivos ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades federales para que los recursos destinados a la educación sean auditados con mayor rigor, garantizando que el presupuesto se traduzca en mejores servicios en estados con mayores rezagos. La discusión sobre el financiamiento educativo se mantiene como un tema central en la agenda pública, a la espera de que el Poder Legislativo inicie las sesiones de análisis sobre el presupuesto nacional para el próximo ejercicio fiscal.

Finalmente, los expertos insisten en que el desafío educativo trasciende la cifra del ocho por ciento y requiere una estrategia integral coordinada por la SEP, las autoridades estatales y las instituciones de educación superior. La meta es revertir el estancamiento académico reportado en la evaluación internacional y fortalecer la equidad educativa en las zonas rurales y urbanas más vulnerables de México.